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La separación es el acto por el cual, los cónyuges de mutuo acuerdo o bien por la decisión de uno de ellos, acuerdan la ruptura de su relación y emprender vidas separadas.

La separación, al igual que el divorcio, y una vez se ha decidido acudir al juzgado, puede llevarse a cabo de manera contenciosa o de mutuo acuerdo.
Si bien, antes de judicializar la ruptura muchos matrimonios optan por una separación de hecho.

Si el matrimonio se separa de hecho, los cónyuges a efectos legales siguen todavía casados, pues todavía no se ha dictado una sentencia que declare disuelto el matrimonio, por lo que las relaciones patrimoniales de ambos cónyuges se siguen regulando por el mismo régimen económico que tenía el matrimonio. En este caso es muy conveniente que los cónyuges firmen un documento sencillo donde regulen sus obligaciones familiares (pensión alimentos de los hijos, uso de la vivienda, cargas familiares), a fin de que después uno de los contrayentes no pueda denunciar al otro por un delito abandono de familia.

Por otra parte, la separación matrimonial es el acto mediante el cual los cónyuges deciden finalizar su convivencia y por tanto iniciar sus vidas de manera separada e independiente la una del otro. La separación matrimonial exige previamente que la pareja haya contraído matrimonio, ya sea civil o canónico.

Una de las pocas diferencias que existe entre la separación y el divorcio, es que con la separación no se produce la ruptura del vínculo matrimonial, mientras que con el divorcio si hay ruptura.

Es recomendable que, si los cónyuges tienen decidido que no van a continuar conviviendo, que se regularice su situación ante el Juzgado a fin de que su situación de hecho coincida con la de derecho, pues los asuntos concernientes a la separación matrimonial tienen consecuencias en importantes ámbitos de la vida de la familia y personas que la integran.

El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio. Por tanto, el divorcio, a diferencia de la separación matrimonial disuelve el vínculo matrimonial, por lo que los cónyuges pueden contraer nuevo matrimonio.

Para poder divorciarse es necesario que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, salvo que se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

No es necesario, al igual que ocurre en la separación matrimonial, que se invoque causa alguna para solicitar el divorcio, simplemente manifestar la voluntad de disolver el mismo.

Si los cónyuges decidieran reconciliarse con posterioridad a que se haya dictado sentencia, los divorciados podrán contraer entre sí nuevo matrimonio.
Para solicitar el divorcio no es necesario, estar separado judicialmente. Se puede interponer una demanda de divorcio directamente para interesar la disolución del vínculo.

Con el divorcio se perderán los derechos sucesorios que se establecen por la Ley a favor del respectivo cónyuge.

El procedimiento de mutuo acuerdo o consensual es aquel en el que ambos cónyuges, además de estar conformes con el divorcio o separación, pactan entre ellos las medidas que regirán respecto a los hijos, pensiones compensatorias y bienes del matrimonio, que se recogerá en el denominado convenio regulador.
Por el contrario, se habla de procedimiento contencioso cuando bien uno de los cónyuges no quiere divorciarse y, por tanto, es imposible cualquier tipo de acuerdo; o bien cuando existiendo conformidad en el divorcio, se discrepa respecto a todas o a algunas de las medidas que debe contener el convenio regulador (custodia de los hijos, pensiones, uso de la vivienda familiar, pensión compensatoria, pensiones de alimentos).

En el procedimiento contencioso será el Juez quien resolverá la discrepancia en relación a los diferentes aspectos, acordando el divorcio e imponiendo las medidas que él considera justas, tras la celebración del juicio correspondiente por considerar que se trata de las más beneficiosas para los hijos o las más equitativas entre los cónyuges.

La pensión de alimentos puede definirse como el deber impuesto a una o varias personas de asegurar la subsistencia de una u otra, suponiendo la conjunción de dos partes: una acreedora que se llama alimentista, que tiene el derecho a exigir y recibir los alimentos, y otra deudora llamada alimentante, que tiene el deber legal y moral de prestarlos.

Tratándose de una separación matrimonial o divorcio, la obligación de alimentos consiste en el deber impuesto a uno de los cónyuges frente al otro cónyuge o frente a los hijos.

La obligación, cuantía y forma de pago de la pensión de alimentos puede ser acordada de mutuo acuerdo por los cónyuges cuando pactan el convenio regulador, o venir impuesta por la sentencia que se dicte en los procedimientos de separación o divorcio contencioso.

Para determinar la pensión de alimentos se atiende a diferentes factores, debiendo ser proporcional tanto a los medios de aquél que da los alimentos y a las necesidades de quien los recibe.

Los padres tiene el deber de contribuir a los alimentos de los hijos ya sean menores de edad, ya mayores en período de formación y sin ingresos propios que les permitan hacer una vida independiente.

La pensión de alimentos no se extingue cuando los hijos cumplan la mayoría de edad, sino que continúa la obligación de pago mientras se estén formando, pongan de su parte en los estudios y no tengan recursos económicos propios.
Los criterios de proporcionalidad no pueden entenderse de modo matemático, ya que no existe ninguna fórmula que permita un cálculo exacto de una pensión en dinero, pero siempre se fijará de tal forma que tanto alimentista como alimentante cuenten con ingresos suficientes para poder hacer frente a los gastos de la vida diaria.

Una vez fijada la pensión, los posibles incumplimientos de pago por parte del alimentante puede dar lugar a responsabilidades tanto civiles como penales, por lo que, si el obligado al pago prevé que no podrá hacer frente a dicha pensión de alimentos, deberá instar el correspondiente procedimiento de modificación de medidas para que se reduzca la pensión.

En el supuesto de que sea el progenitor custodio el que no percibe la pensión de alimentos establecida, deberá iniciar un procedimiento de ejecución de sentencia para obligar al alimentante a hacer efectivas las cantidades impagadas.

La reclamación de cantidades derivadas de la pensión de alimentos prescribe a los cinco años.

En primer lugar, tenemos que tener claro que no es lo mismo la patria potestad que la guarda y custodia.

La patria potestad es el conjunto de facultades y deberes que corresponden a los padres para cumplir, sobre los hijos menores de edad, no emancipados o incapacitados, funciones entre otras, como su educación y formación integral, representación administración de sus bienes, cambio de domicilio o cambio del orden de apellidos del hijo.

La patria potestad corresponde a los padres con independencia de que estén casados entre sí o no, ya que se fundamenta en las relaciones paterno-filiales.
Por otro lado, la guarda y custodia es el conjunto de decisiones ordinarias que afectan a la convivencia diaria con los hijos (alimentación, cuidado e higiene diario, llevar o traer a los hijos del colegio, entre otras).

En caso de nulidad matrimonial, separación o divorcio de los padres, lo normal es que ambos progenitores tengan la patria potestad, debiéndose acordar cómo se organizarán los progenitores para facilitar la guarda y custodia de los menores.

En España existen 4 tipos de guarda y custodia:

• Guarda y custodia monoparental, individual o exclusiva.
• Guarda y custodia compartida.
• Guarda y custodia partida o distributiva.
• Guarda y custodia ejercida por un tercero.

Por tanto, La guarda y custodia se puede atribuir a uno de los progenitores (custodia monoparental o individual), a ambos progenitores (custodia compartida), distribuir a los hijos entre los progenitores (custodia distributiva), o bien a los abuelos, parientes u otras personas (custodia atribuida a un tercero)

No existe un tipo de guarda y custodia mejor que otro.

Cualquiera de las formas de guarda y custodia analizadas, deberán acordarse en base al interés superior del menor, y valorarse caso por caso, según las circunstancias concurrentes.

El régimen económico matrimonial es el conjunto de reglas que rigen las relaciones económicas existentes entre los cónyuges y entre éstos y el resto.

Estas reglas estarán contenidas en los pactos que hayan alcanzado los cónyuges en las capitulaciones matrimoniales en caso de haberlas otorgado, y en su defecto, será de aplicación la regulación contenida en el Código Civil o, si se trata de regiones con Derecho Foral, por las correspondientes Compilaciones de Derecho Civil específicas de cada Comunidad.

Los cónyuges tienen libertad para regular su régimen matrimonial, pudiendo optar por los siguientes regímenes matrimoniales: Sociedad de Gananciales, Separación de Bienes y régimen de Participación en las Ganancias.

Mediante la sociedad de gananciales, los cónyuges ponen en común las ganancias y beneficios obtenidos por cualquiera de ellos durante el matrimonio. No obstante, no serán gananciales los siguientes bienes:

• Los bienes pertenecientes a cada cónyuge antes del matrimonio o de comenzar la sociedad.
• Los bienes adquiridos después a título gratuito (por ejemplo, una herencia, donación…).
• Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos.
• Los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges.
• Los bienes inherentes a la persona o no transmisibles inter vivos.
• El resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos.
• Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor.
• Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo que formen parte de un establecimiento o explotación de carácter común.

Cuando un matrimonio se disuelve, bien sea por divorcio, separación o bien por fallecimiento de unos de los cónyuges, hay que proceder a la liquidación del régimen económico matrimonial.

La liquidación de gananciales se puede efectuar de dos formas: de mutuo acuerdo o bien de forma contenciosa, cuando los cónyuges o herederos del fallecido no se ponen de acuerdo.

Por tanto, si no hay acuerdo de los cónyuges sobre la liquidación de gananciales, ésta deberá realizarse mediante el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial. Este procedimiento consta de dos fases:

• Fase de formación de inventario: Se determinarán los bienes y derechos que integran el activo y el pasivo.
• Fase de liquidación: Aprobado el inventario, se procederá al pago de las deudas de la sociedad. El remanente constituye el haber de la sociedad de gananciales, que se adjudicará por mitad entre los cónyuges.Es importante tener en cuenta que es totalmente posible entablar este proceso al mismo tiempo que el de divorcio. Iniciado el proceso de divorcio, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la formación de un inventario.

La modificación de la pensión de alimentos es el procedimiento adecuado para reducir o extinguir la pensión acordada en resolución judicial.

La modificación de la pensión de alimentos, según la doctrina jurisprudencial, es posible siempre y cuando se den una serie de circunstancias.

Los requisitos para poder acudir a este procedimiento comprenden una alteración de las circunstancias que sea relevante, entendiendo por relevancia alteraciones trascendentales, fundamentales y no de escasa o relativa importancia. La alteración debe ser además permanente, no temporal, y ajena a la voluntad unilateral de quien reclama la modificación que deberá acreditarse ante el Juez.

Por tanto, hay que comparar las circunstancias que se tuvieron en cuenta para fijar la pensión de alimentos y las concretas circunstancias del momento en el que se solicita la modificación, toda vez que el paso de tiempo o la variación de las mismas pueden exigir su modificación y adaptación a la nueva realidad.
De hecho, en determinados supuestos lo que cabe no es la modificación (aumento o reducción de la pensión de alimentos) sino la extinción definitiva de la pensión alimenticia, como por ejemplo cuando el hijo mayor de edad ni estudia ni trabaja.

Ahora bien, la existencia de esa nueva situación que da lugar a que se solicite la modificación de medidas tiene que ser acreditada o probada por quien peticiona la modificación.

La modificación de medidas puede llevarse a cabo de mutuo acuerdo o bien de forma contenciosa.

Es importante conocer que el obligado al pago de la pensión de alimentos no puede de mutuo propio rebajar el importe acordado en sentencia ya que las resoluciones judiciales están para cumplirse y la otra parte podría pedir su ejecución. Por tanto, si se dan las circunstancias requeridas será necesario iniciar que se inicie un procedimiento judicial de modificación de medidas.